sábado / octubre / 2022

CEAZA busca definir lugares de menor impacto a la biodiversiad para instalar desaladoras en la bahía de Coquimbo

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Otro objetivo del estudio presentado por el CEAZA en la comisión de Medio Ambiente, Minería y Energía del Consejo Regional (CORE) es contribuir con conocimiento científico oceanográfico, que sustente la definición de políticas públicas que orienten la aplicación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en este tipo de proyectos.

La falta de precipitaciones en los últimos 8 años hace cada vez más urgente la búsqueda de soluciones para atender la grave crisis hídrica que enfrenta la Región de Coquimbo.

Según pronósticos meteorológicos, con la persistente presencia del fenómeno de la Niña, no se advierte para los próximos meses posibilidades de precipitaciones en la zona, lo que induce a pensar que a partir de diciembre la provincia de Elqui, con mayor población humana, comenzará a experimentar los primeros indicios de la falta de agua para el consumo humano, debido a la escasa reserva que registra a la fecha el embalse Puclaro, con tan solo un 20 % de su capacidad.

Frente a ese escenario el Consejo Regional de Coquimbo (CORE) ha puesto el acento en visualizar la potencial instalación de plantas desaladoras en la bahía de Coquimbo, y al mismo tiempo, apurar la búsqueda de respuestas al impacto que dichas plantas podrían generar en el ecosistema marino y las medidas de mitigación que se debiesen adoptar.

Una de esas iniciativas es el proyecto denominado “Justificación oceanográfica y biológica para la planificación y diseño de plantas desaladoras de agua en el centro-norte de Chile”, financiado por el Gobierno a través de un concurso llevado a cabo por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y que es ejecutado por el Centro de Investigación de Zonas Áridas, (CEAZA), y que fue presentado ante la comisión de Medio Ambiente, Minería y Energía del Consejo Regional (CORE) por el oceanógrafo del CEAZA, Víctor Aguilera y el gerente del mismo, Claudio Vásquez.

Objetivos del proyecto

El proyecto, explicó el gerente del CEAZA, Claudio Vásquez, busca conocer los lugares más idóneos donde una planta desaladora pudiera tener el menor impacto ambiental. Esto, definido en dos términos o dimensiones: donde haya mayor dilución marina, para lo cual buscarán lugares donde la corriente oceanográfica es más fuerte; y la otra es lo que ocurre con la biodiversidad. En este caso, la idea es definir donde exista menor biodiversidad, de modo tal que el impacto ambiental que pueda generar una desaladora con la expulsión de sal sea menor.

Para aquello, el proyecto consulta la instalación de una red de monitoreo oceanográfico en la bahía de Coquimbo, entre el sector de Punta Lengua de Vaca por el sur y Punta de Choros y Archipiélago de Humboldt por el norte, que entregue información sobre la dinámica anual de las corrientes marinas.

“Lo importante de este sistema, es que va a existir información valiosa a futuro. Es decir, mientras más cantidad de datos oceanográfica tengamos, más certera van a ser las sugerencias, recomendaciones y conclusiones que podremos aportar a través de nuestro centro”, argumentó el ejecutivo.

Otro objetivo del proyecto añadió Vásquez, es aportar conocimientos científico-oceanográficos, para sustentar el diseño de políticas públicas para la instalación y operación de plantas desalinizadoras.

“Nosotros queremos generar instrumentos que permitan orientar el trabajo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que desde ahí pueda existir una regulación y guías metodológicas que de alguna forma transfieran o permitan aplicar ciertas políticas públicas a ese mismo sistema. Creemos que tanto en la vía de la regulación de la política pública, como el trabajo con los privados podemos hacer que este tipo de infraestructura y tecnología sea más amigable con el medio ambiente”, precisó el ejecutivo.

Un factor interesante para el CEAZA en este proceso es la presencia de la Asociación Nacional de Plantas Desaladoras, con los que esperan poder trabajar de la mano para entregarles estos insumos, que les permita poder planificar sus proyectos conforme a los criterios que se definan entre las distintas iniciativas.

El estudio tiene una duración de 12 meses, con posibilidad de prolongarse por otros seis meses, pudiendo extenderse de 18 a 24 meses, tiempo en el cual los científicos esperan contar con información concluyente para ser entregada a quienes deban tomar decisiones, como es el caso del Consejo Regional.

Al momento, el estudio registra cuatro meses de ejecución durante el cual se encuentran en el proceso de detección de los lugares idóneos y la adquisición e instalación de los equipos de la red de monitoreo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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